Arquivo da categoria ‘Notícias e política

Cabeças Pensantes atentem e vigiem   Leave a comment

      Foto-Heitor Entrevista Internacional

 

 

ELPAIS.com

Miércoles, 15 de abril de 2009, actualizado a las 19:35

 

 image

          
 El presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, ha hablado en esta entrevista de lo que espera del presidente de EE UU, Barack Obama, a quien pide hechos, no sólo palabras. También ha explicado por qué, en su opinión, la nueva estrategia en Afganistán no es la correcta y la posición de su país respecto a la energía nuclear.

Pregunta. Obama grabó un vídeo dirigiéndose a la nación iraní. ¿Ha visto usted ese vídeo?

Respuesta. Sí. Están sucediendo grandes cosas en Estados Unidos. Creo que los estadounidenses están dando los primeros pasos hacia importantes avances.

P. ¿Qué le pareció el discurso?

R. Me produjo sentimientos opuestos. Algunos fragmentos eran nuevos, aunque otros eran una repetición de posturas conocidas. Me sorprendió que Obama tuviese un concepto tan elevado de la civilización iraní, de nuestra historia y cultura. También es positivo que subrayase que el respeto mutuo y las relaciones honestas entre ambos países son básicos para la cooperación. En un momento de su discurso, dice que la posición de un país en el mundo no depende únicamente de su fuerza militar. El gran error de George W. Bush fue el de querer resolver todos los problemas por la vía militar. Los tiempos en que un país podía dar órdenes a otros ya han pasado.

P. ¿Qué significa eso?

R. Que ahora Obama debe seguir sus palabras con actos.

P. El presidente de EE UU, que tachó de "repugnantes" sus comentarios antiisraelíes, ha hablado, sin embargo, de un nuevo comienzo en las relaciones con Irán y le ha tendido la mano.

R. Yo no he entendido los comentarios de Obama de esa forma. Presto atención a lo que dice ahora. Pero es justamente ahí donde echo en falta algo decisivo. ¿Qué es lo que lleva a hablar de un nuevo comienzo? ¿Ha habido algún cambio en la política estadounidense? Nosotros estamos abiertos a los cambios, pero todavía no se han producido.

P. ¿Estaría abierto a reanudar las relaciones con EE UU?

R. ¿Qué piensa? ¿Qué tiene que ocurrir?

P. El mundo espera una respuesta suya, no nuestra.

R. He enviado un mensaje al nuevo presidente de Estados Unidos. Ha sido un paso enorme. Le felicité por su victoria en las elecciones y le dije algunas cosas en mi carta. Es algo que se hizo con cuidado. Hemos estado y seguimos interesados en que se produzcan cambios significativos.

P. Hay cambios. Bush declaró a Irán miembro del eje del mal y amenazó a Teherán, al menos indirectamente, con un cambio de régimen. El Gobierno de Obama ya no sigue mencionando nada de esto.

R. Hay cambios en el lenguaje, pero no es suficiente.

P. Usted dice que la reputación de EE UU en el mundo se ha resentido durante la presidencia de Bush. Pero, con el debido respeto, señor presidente, la reputación de Irán también se ha resentido durante su mandato.

R. ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Con quienes están en el poder, o con la gente? ¿Con qué gente y con qué Gobiernos? Contamos con el apoyo de 118 miembros del Movimiento de Países No Alineados. Estoy de acuerdo en que nuestra reputación no es buena entre el Gobierno estadounidense y algunos europeos. Pero ése es su problema. Todos los pueblos están hartos del Gobierno de EE UU.

P. Usted ni siquiera le está dando una oportunidad a la nueva Administración. Su actitud se caracteriza por la desconfianza.

R. Nosotros hablamos de Obama de forma muy respetuosa. Pero somos realistas. Queremos ver cambios reales. Y en relación con esto, también estamos interesados en contribuir a corregir una política errónea en Afganistán.

P. ¿Qué propone hacer?

R. Mire, hasta la fecha se han gastado más de 250.000 millones de dólares [190.000 millones de euros] en la campaña militar en Afganistán. Con una población de 30 millones de personas, eso equivale a más de 8.000 dólares por persona. Se podrían haber construido fábricas y carreteras, creado universidades y cultivado los campos para el pueblo afgano. Si se hubiera hecho eso, ¿habría quedado sitio para los terroristas? La solución para Afganistán no es militar sino humanitaria. Occidente debería escucharnos por su propio bien; si no lo hace, nos lavamos las manos en el asunto.

P. Suena a que no tienen un interés especial en ayudar a luchar contra los talibanes.

R. Estoy diciendo que la nueva política de Obama es equivocada.

P. ¿Está insistiendo en serio en que EE UU se retire de la región?

R. Lógicamente hace falta un plan. Una retirada sólo puede ser una de las medidas. Debe ir acompañada por otras acciones simultáneas, como el refuerzo del Gobierno regional. ¿Sabe que la producción de narcóticos se ha multiplicado por cinco desde que la OTAN está en Afganistán?

P. Hay enormes sospechas de que Irán está fabricando una bomba nuclear. Hay cuatro resoluciones de la ONU que instan a Irán a poner fin a sus actividades de enriquecimiento de uranio. El mundo está esperando una señal por su parte. ¿Por qué no suspende, al menos temporalmente, el enriquecimiento de uranio, y así sienta las bases para el comienzo de unas negociaciones serias?

R. Estas discusiones están anticuadas. El momento para eso ya ha pasado. Los 118 países del Movimiento de Países No Alineados nos apoyan de forma unánime. Si unos cuantos países están contra nosotros, no se puede afirmar que sea el mundo entero.

P. Aunque se resista a creerlo, el más importante cuerpo internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU, suele oponerse a usted de forma unánime. No sólo las potencias occidentales, también China y Rusia han aprobado ya sanciones contra Irán.

R. Al menos 10 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU nos han dicho que únicamente han votado contra nosotros por las presiones de EE UU y Reino Unido. Todos los pueblos deben ser respetados y deben tener garantizados los mismos derechos.

P. ¿De qué derecho se siente desposeído Irán?

R. Si una tecnología es beneficiosa, todo el mundo debería tenerla. Si no lo es, nadie debería tenerla. ¿Es justo que EE UU tenga 5.400 cabezas nucleares y que Alemania no tenga ninguna? ¿Y que ni siquiera se nos permita investigar el uso pacífico de la energía nuclear? Nuestra lógica está completamente clara: los mismos derechos para todos. La composición del Consejo de Seguridad y el veto de sus cinco miembros permanentes son consecuencias de la II Guerra Mundial, que terminó hace 60 años. ¿Deben las potencias vencedoras dominar a la humanidad para siempre? La composición del Consejo de Seguridad debe modificarse.

P. ¿Se refiere a India, Alemania y Suráfrica? ¿También Irán debería ser miembro permanente?

R. Si en el mundo se hiciesen las cosas de forma justa, Irán también tendría que ser miembro del Consejo de Seguridad. No aceptamos la idea de que un puñado de países se vean a sí mismos como los dueños del mundo.

P. El mundo desconfía de ustedes, y la mayor preocupación del mundo es que estén fabricando la bomba.

R. No tenemos interés en fabricar un arma nuclear.

Distribuido por The New York Times Syndicate.

-Mais, muito mais, eternamente-.

 

 

Anúncios

Publicado abril 15, 2009 por heitordacosta em Notícias e política

Cabeças Pensantes atentem e vigiem -Reflexões-   Leave a comment

      

                                                                       Cabeças Pensantes atentem e vigiem

                                                                       Reflexões

Terras Indígenas

Povos indígenas e soberania nacional

Nos últimos anos, a presença do Exército no interior das Terras Indígenas situadas na chamada “faixa de fronteira” da Amazônia brasileira se intensificou por meio da instalação de pelotões e de operações de treinamento e vigilância. Isso configura uma nova situação, resultado do encontro de dois processos que ocorreram no Brasil nas últimas décadas: a priorização geopolítica da fronteira amazônica pelas Forças Armadas e a efetivação dos direitos indígenas inscritos na Constituição Federal de 1988, sobretudo os territoriais, os quais resultaram no reconhecimento pelo Estado – e demarcação –  de terras indígenas extensas e contínuas na faixa de fronteira internacional. O relacionamento entre militares, sobretudo do Exército, e indígenas, nessas circunstâncias, acarretou alguns conflitos nos últimos anos e uma inédita tentativa de regulamentação de conduta de militares designados a servir nessas unidades.

Como proceder às consultas prévias com comunidades indígenas que vivem em locais pretendidos pelas Forças Armadas para implantarem suas bases (pistas de pouso, pelotões, mini-centrais hidrelétricas, etc)? Uma vez implantadas, como regulamentar os efeitos socioambientais decorrentes do seu funcionamento?  E com respeito às manobras de treinamento e vigilância? São apenas alguns exemplos de questões concretas que suscitaram o debate.


Resistência às demarcações

Durante os anos que precederam a promulgação da Constituição Federal de 1988, as Forças Armadas, especialmente o Exército, dedicaram esforços para evitar que sobreposições desse tipo se efetivassem, se opondo à demarcação de Terras Indígenas extensas e contínuas na faixa de fronteira. Essa atitude persistiu mesmo depois de promulgada a Constituição. Do ponto de vista doutrinário, a questão foi superada com a demarcação da TI Yanomami (declarada em 15/11/1991 e homologada em 25/05/1992), precedida por uma série de pareceres elaborados por juristas importantes e técnicos de vários ministérios, além da Secretaria de Assuntos Estratégicos e do ministro-chefe do gabinete militar da época. Afora os governadores dos estados de Roraima e Amazonas, afetados pela demarcação da TI Yanomami, a opinião geral foi de que não havia incompatibilidade entre a presença militar e a demarcação da Terra Indígena ou riscos à segurança nacional. Essa posição foi confirmada em 1999 quando, em uma audiência pública na Câmara dos Deputados, o general Schroeder Lessa, então comandante militar da Amazônia, afirmou aos parlamentares presentes que as Terras Indígenas não configuram obstáculo às ações militares em regiões de fronteira.

Apesar disso, as Forças Armadas persistiram em reforçar suas prerrogativas e preocupações históricas e conseguiram que o presidente Fernando Henrique Cardoso promulgasse o Decreto 4.412, de 7 de outubro de 2002 – o qual dispõe sobre a atuação das Forças Armadas e da Polícia Federal nas Terras Indígenas, garantindo-lhes a liberdade de trânsito, a autonomia para a instalação de infra-estrutura e a implementação de projetos.

Nesse contexto, lideranças indígenas e organizações da sociedade civil reiteraram a necessidade da criação de um código de conduta que regulamentasse a situação. A tese foi levada ao Conselho Nacional de Combate à Discriminação do Ministério da Justiça, acatadas pelo Gabinete de Segurança Institucional da presidência, o que resultou em uma série de reuniões – batizadas “Diálogo de Manaus” – as quais antecederam a definição dessas normas, concretizadas pelas portarias n° 20, do Exército (02/04/03), e sua subseqüente, n° 938, do Ministério da Defesa (17/10/03), que estendeu os efeitos da anterior a todas as Forças Armadas.

Apesar do avanço que representou a aceitação do mérito da questão e da promulgação de uma regulamentação, não foi constituída uma comissão interministerial voltada a fiscalizar a aplicação desse termo de conduta, trazendo dúvidas quanto à aplicação prática das medidas acordadas entre os diferentes atores envolvidos na questão.


Código de conduta

A situação da presença direta de bases permanentes do Exército em regiões de fronteira na Amazônia brasileira é resultado de um longo processo de re-priorização geopolítica do Estado Nacional, iniciado em meados do século passado, com resultados mais visíveis no terreno a partir da década de 1970.
Na história republicana – para não remontar às expedições do início da colonização e à política pombalina que implantou no século 18 um “colar” de fortificações nos limites amazônicos brasileiros – as modalidades de afirmação da soberania nacional variaram. Durante algumas décadas do século passado, por exemplo, vigiu o trinômio FAB-Missões-Índios, cabendo à Aeronáutica apoiar a obra civilizadora das missões religiosas instaladas para aldear e catequizar os índios, eles próprios como guardiões da fronteira. Para tanto, foram construídas pistas de pouso nessas regiões. No período pós 1964, o lema “integrar para não entregar (a Amazônia)” foi a base ideológica para o Plano de Integração Nacional – com a construção de obras de infra-estrutura e a concessão de benefícios fiscais aos investidores privados – que uniu objetivos econômicos às preocupações geopolíticas, para ocupar o que era chamado de “vazio demográfico”, desconsiderando a ocupação indígena.

Na década de 1980, o Projeto Calha Norte deu novo fôlego ao viés militar dos planos de ocupação da Amazônia brasileira, apesar da retórica oficial de que não se tratava de um projeto meramente militar. Seu principal objetivo foi a instalação de pelotões de fronteira que servissem como embriões de novos povoados, voltados a vivificar as fronteiras e garantir assim a soberania brasileira, especialmente ao norte da calha do rio Amazonas, considerada virtualmente mais ameaçada por forças externas.

Faixa de fronteira

Nas Américas, os estados coloniais e depois nacionais se sobrepuseram à ocupação anterior de milhares de povos indígenas e, segundo padrões diferenciados, absorvem a sua ocupação atual. De um modo geral, a ocupação colonial do continente se deu das regiões costeiras para o interior. Na Amazônia, ela se estabeleceu a partir das terras baixas. O controle sobre a foz do Rio Amazonas permitiu a portugueses e brasileiros um acesso mais fácil à imensa extensão territorial abrangida pelos leitos navegáveis dele e de seus formadores e afluentes, razão pela qual mais da metade da bacia amazônica acabou incluída no território nacional.

No processo de ocupação do interior, grupos indígenas foram historicamente escravizados ou cooptados, outros massacrados ou mortalmente infectados, muitos fugiram para as terras mais altas, acima das cachoeiras e alguns ainda hoje não chegaram a ser diretamente alcançados. Não é de estranhar que a ocupação indígena seja tanto maior onde menor tenha sido a penetração colonial. Assim como é de se esperar que a ocupação indígena permaneça ou prevaleça em regiões remotas, fronteiriças, como as terras mais altas da região amazônica.

O Brasil tem 16.886 quilômetros de fronteira terrestre com dez países da América do Sul. Somente a China e a Rússia têm maior extensão que essa. Elas estão definidas em tratados bilaterais com todos os vizinhos, encontram-se demarcadas e são internacionalmente reconhecidas. A faixa de 150 quilômetros ao longo da linha de fronteira terrestre é constitucionalmente definida como de especial interesse para a defesa nacional e envolve áreas pertencentes a mais de 500 municípios de 11 estados brasileiros. Aí estão cidades, estradas, rios, posses e assentamentos, propriedades privadas rurais, terras públicas com diferentes destinações e, inclusive, terras indígenas.

Existem 177 terras indígenas situadas na faixa de 150 km da fronteira em todo o País, 34 das quais com parte de seus limites colados na linha de fronteira. Do total, 75% encontram-se demarcadas e registradas em cartório. A demarcação das terras indígenas situadas em faixa de fronteira é uma providência fundamental, entre outras, para a regularização da situação fundiária, fator relevante para garantir estabilidade e evitar conflitos em regiões de fronteira. A indefinição de limites, a ocorrência de invasões e de disputas pela terra, não apenas quando se trata de terra indígena, constitui uma fragilidade que desfavorece a política de fronteiras.

De Norte a Sul do Brasil, há 43 povos indígenas que vivem em território brasileiro e em território de países vizinhos. A construção política das fronteiras terrestres não se pautou pela morfologia pluriétnica da ocupação indígena nesses territórios. Fundamentou-se muito mais na presença militar ou missionária, com base no princípio da ocupação colonial efetiva, que recortou povos e territórios.

Porém, freqüentemente, as relações construídas entre as frentes de colonização e as “lideranças” ou intermediários indígenas locais foram cruciais em muitos casos para caracterizar a efetividade da própria presença colonial e implicaram a inclusão (ou exclusão) das terras ocupadas por esses grupos. Essas relações continuam sendo relevantes no exercício da soberania dos estados nacionais, assim como para a implementação de quaisquer políticas públicas nessas regiões. A qualidade dessas relações é um fator indissociável da qualidade dessas políticas.

Não há registro histórico de conflitos fronteiriços entre o Brasil e os seus vizinhos que tenha tido povos ou terras indígenas como referência central. Assim como não há precedente de grupos indígenas no Brasil que tenham pretendido vincular-se a algum outro país ou reivindicar estado próprio. A expectativa continuada dos povos indígenas é pela demarcação das suas terras e pela implementação de políticas de seu interesse pelo estado brasileiro. E há o caso dos Kadiwéu, do Mato Grosso do Sul, que receberam do próprio Exército brasileiro, ainda no século 19, um extenso território contínuo na fronteira como reconhecimento do seu apoio durante a Guerra do Paraguai. Vale também mencionar a Comissão Rondon de Inspeção de Fronteiras do Norte amazônico, que, no ano de 1927, recomendava a muitas aldeias e chefes indígenas que visitava que se fixassem em território nacional, buscando persuadi-los com promessas de assistência por parte do Estado brasileiro.

Intercâmbios transfronteiriços

Mas a fronteira não é apenas uma linha imaginária politicamente acordada para estabelecer limites entre territórios nacionais. Por ela transitam pessoas, mercadorias e ilícitos. Além da situação dos povos indígenas que vivem dos dois lados da linha, há brasileiros (e vizinhos) que vivem além (ou aquém) dela, familiares e amigos, comerciantes e turistas. Com fronteira plenamente reconhecida, vivendo em paz com todos os seus vizinhos há mais de um século e diante do avanço democrático ocorrido na América do Sul nos últimos vinte anos, é de se esperar que essa linha enseje políticas de aproximação e integração, valorizando o intercâmbio de idéias, manifestações culturais e produtos. Isto vale para índios e não índios, brasileiros e demais sul-americanos, residentes ou viajantes.

E, ainda, a fronteira é um espaço suscetível de incidentes. Passam por ela produtos falsificados, dinheiro ilícito, drogas, doenças, armamentos traficados, criminosos contumazes e imigrantes ilegais. Via de regra, essas conexões criminosas ocorrem nas cidades fronteiriças e se utilizam das vias de transporte entre os países, mas também podem se utilizar de qualquer área de fronteira em que encontrem condições mais favoráveis. Raramente ocorrem em terra indígena ou envolvem pessoas indígenas.

Em tempos de paz, os incidentes de fronteira são de natureza tipicamente policial. Ocorrem em qualquer parte do(s) território(s) nacional(ais). Confrontam a ordem jurídica e a autoridade do Estado, mas não ameaçam a soberania política ou a integridade do território nacional. São questões afetas à política para as fronteiras e não propriamente à defesa militar; demandam repressão policial e não guerra convencional.

Índios e militares

As mazelas institucionais da Funai e de outros órgãos com competências afetas às demandas indígenas não justificam a interveniência militar na política indigenista. O conhecimento atual sobre os diferentes povos, com milhares de comunidades com localização definida, a dimensão das terras já reconhecidas, com recursos naturais, patrimônio cultural, serviços ambientais, diversidade biológica e conhecimentos tradicionais associados, impelem a sociedade e o Estado Nacional a buscar respostas mais consistentes.

Não se trata de ignorar as relações históricas acumuladas entre militares e índios, que levaram as Forças Armadas a incorporar a questão indígena à sua visão estratégica, o que é um mérito a ser perseguido por outras instituições. Das guerras coloniais ao indigenismo tutelar, é inegável, para o bem ou para o mal, a influência militar sobre a política indigenista. Porém, ainda há vivas seqüelas do período histórico mais recente em que essa influência se traduziu em subordinação, na ditadura militar e no governo Sarney, em que os conflitos sobre direitos e terras indígenas se multiplicaram.

Também não se trata de minimizar a importância e a extensão das relações atuais entre índios e militares, sobretudo na parte amazônica da faixa de fronteira. Há pelo menos trinta anos, o Exército vem procedendo a transferência de unidades com infra-estrutura, equipamentos e efetivos de outras regiões do Brasil para a Amazônia, que no conjunto atingirão logo mais um total de 25 mil homens. Outro mérito seu: a ênfase estratégica na Amazônia, que por muitos motivos não militares é, mesmo, altamente estratégica.

Assim como vem aumentando a presença militar em diversos municípios situados em regiões de fronteira, o Exército vem implantando dezenas de pelotões em terras indígenas nessas regiões. Mesmo dispondo do poder convocatório, trata-se de um trabalho penoso e dispendioso, com todos os ônus da transferência e permanência de contingentes em regiões remotas, desprovidas de infra-estrutura e condições favoráveis de assistência, dependendo de abastecimento por via aérea.

Pode ser que a atual presença militar em terras indígenas, assim como em outras áreas, ainda não seja suficiente para a estratégia de defesa nacional que se pretende. Está prevista a instalação de mais unidades militares permanentes em terras indígenas situadas na faixa de fronteira . É o que dispõe um decreto presidencial recente (nº 6.513 de 22/07/2008, publicado no DOU no dia 23/07/2008, seção 1, pg. 01), que prevê a apresentação de um plano do comando do Exército a ser submetido pelo Ministério da Defesa à aprovação do Presidente da República num prazo de 90 dias.

Esse decreto tem uma motivação muito mais política, de dar resposta concessiva a segmentos anti-indígenas, do que para atender necessidades da defesa nacional. É discriminatório, porque faz supor que as terras indígenas na fronteira têm implicações para a segurança nacional que outras áreas não têm, o que é uma farsa. Além disso, não há nada que indique a necessidade de pelotões em qualquer terra indígena, o que acabará constituindo uma distorção da própria política de defesa, com desperdício de recursos públicos que certamente seriam mais necessários para outras demandas da própria defesa ou de outras políticas, inclusive a indigenista.

Além do mais, a forma e a intensidade do estabelecimento de unidades militares em terras indígenas, quando for o caso, têm outras implicações que merecem atenção e o estabelecimento de regras, mecanismos de monitoramento e mediações institucionais adequadas para resguardar os direitos indígenas e dirimir situações de conflito de interesses. Antes que o debate ganhe contornos puramente ideológicos, trata-se de apontar, a título de exemplo, algumas questões concretas que merecem a atenção daqueles que prezam as prerrogativas do Estado Democrático de Direito. Quais são os critérios que regem a escolha dos locais de instalação das unidades militares? Quando os locais pretendidos pelo militares para a instalação de um pelotão ou de uma pista de pouso coincidirem com a existência de comunidades indígenas, como realizar uma consulta prévia informada? Quais as mediações adequadas para que tais consultas respeitem a organização social e formas de comunicação eficazes, o que implica, em muitos casos, a necessidade de tradução das justificativas em línguas nativas? Uma vez definidos esses locais, via de regra colados a comunidades já existentes em áreas remotas, quais as regras para a utilização de recursos naturais (água, pedra, areia, etc) e de mão-de-obra locais para a construção da infra-estrutura? Não seriam desejáveis estudos prévios de impactos socioambientais? Uma vez instalada a infra-estrutura, quais as regras de convivência entre os militares dos pelotões e as comunidades locais?

A proximidade física entre pelotões e aldeias potencializa a ocorrência de incidentes nas relações entre militares e índios. Por exemplo, quando são explorados locais sagrados com a explosão de rochas para se obter brita para a pavimentação de pistas de pouso, ou corrompidas paisagens e fontes de água em busca de areia; ou em operações de campo realizadas sem aviso prévio da população civil. Ou quando soldados se utilizam, sem prévia autorização, de alimentos coletados em roças indígenas durante exercícios de sobrevivência na selva. Ou quando ocorrem relações sexuais entre soldados e índias, consentidas ou forçadas, gerando ressentimentos e nascidos que não se enquadram nas estruturas sociais tradicionais.

Portanto, o como e o onde dessa presença militar em terras indígenas é altamente relevante para essas relações, para que elas se desenvolvam em condições favoráveis e consistentes com o objetivo de defesa nacional, que também inclui a segurança e a confiança dos índios. Certamente, não são implicações estranhas aos comandantes militares, mas ainda há muito que se pode fazer, e corrigir, para que se evitem esses incidentes e se potencialize a dimensão mais positiva da relação.

< Fonte: site Povos Indigenas no Brasil> pib:socioambiental.org/-72k 

 -Mais, muito mais, eternamente-

 
                                

Publicado dezembro 15, 2008 por heitordacosta em Notícias e política

CABEÇAS PENSANTES ATENTEM E VIGIEM- A defesa   Leave a comment

 
 
 
 
                 Cabeças Pensantes atentem e vigiem
 
                                                             Sempre é bom lembrar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        ministro ayres brito
 
                   
 
                          " Não se pode perder uma oportunidade sequer
 
                            para reafirmar a LIBERDADE de EXPRESSÃO."
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicado setembro 19, 2008 por heitordacosta em Notícias e política

Cabeças Pensantes atentem e vigiem -Visões   Leave a comment

      
          Cabeças Pensantes atentem e vigiem
 
                                               VIsões
 
 
 
   

Cabeças Pensantes atentem e vigiem

Visões

 

Era madrugada, assistindo Televisão vi participando em um programa de entrevistas de um canal de São Paulo, um velho conhecido da época que trabalhei por lá.

Ele fora meu aluno em curso realizado na fase de implantação da Televisão Bandeirante. A princípio não o reconheci, apesar de ser jovem, imagino que tenha entre 45 a 50 anos, sua imagem no momento revelava ter um pouco mais. De pronto, pensei tratar-se do Governador José Serra, depois me pareceu um psiquiatra que gosta de aparecer na mídia, – Guadêncio-, seu nome, se não me engano.

Ele falava de suas realizações profissionais. Lembro-me de seu interesse demonstrado durante o curso, – operador de câmera-. Alimentava o sonho de logo ser um entre os melhores. Tempo passado, já em carreira solo, trabalhou em várias emissoras de Televisão de São Paulo. Rapidamente conheceu e teve sucessos que a profissão oferece, chegando ser considerado um bom Diretor de Imagens.

Mas, o que realmente despertou minha atenção foi o seu trajar, e a partir desse momento, parte das minhas recordações estão presentes.

Pensei que ele fosse um representante-participante-, da temida Organização Tradição Família Propriedade (TFP) de ultra Direita. Nos anos 60 e 70, eu vi em algumas ocasiões, -a mãe do meu filho era professora da Universidade Mackenzie- e quando eu ia ao seu encontro, eles desfilavam próxima a Universidade Mackenzie, e terminavam suas romarias em frente de uma casa localizada na Rua Maria Antonia que tinha em seu frontispício um pequeno nicho onde ficava guardada uma imagem religiosa. Os participantes vestiam coletes vermelhos longos, em suas mãos seguravam adereços-estandartes-, uns com símbolos bordados, outros imagem religiosa.

Os anos eram de chumbo grosso. A Tradição Família e Propriedade (TFP), o Comando de Caça a Comunista (CCC) grupo de Direita, seus participantes eram alunos da Universidade, e a Organização Bandeirantes (OBAN), grupo criado por alguns empresários paulistanos, tendo em seu comando um dos principais torturadores do país, delegado Sergio Paranhos Fleury, desenvolviam atividades repressivas com finalidades de desestabilizar e prender grupos contrários ao sistema.

O que provocou presença desse passado foi à roupa usada pelo meu ex-aluno: a tradicional jaqueta de mangas compridas com punhos de abotoar, camisa com colarinho, gravata, sapatos de sola grosso preta bico redondo.

A TFP era comparada a época, por determinados grupos ideológicos, e alguns étnicos, como versão brasileira da KLU KLUX KAN organização americana de ultra direita.

Depois desse momento desliguei o televisor e tentei dormir. Inútil, agora não é mais o passado que se revela e, sim o futuro, o processo eleitoral americano, disputado entre Barack Obama x Jonhn McCain, Black x White, como querem alguns sonhadores, e radicais.

Como todas as eleições, agora entrando na reta final, o tom subirá, de um dó de peito a uma ré maior como máxima dominante dessa ópera bufa.

Quando o candidato republicano McCain diminuiu a diferença de votos, aproximando-se do democrata Obama de forma preocupante para os seus colegas, foi a start para que uma nova estratégia devesse ser ativada, o famoso plano B, não importando o que fosse, porém devia ser de imediato.

Então, um dos seus marketeiros, – porque não? Essa praga não é privilégio só do Brasil-, decidi explorar a idade avançada (72 anos) de McCain para presidência da república dos Estados Unidos. Em sua opinião McCain estaria com seu prazo de validade vencido. Assim sendo, seria uma ameaça a segurança nacional. Não teria ele condições de superar os quatros anos a frente de um cargo por demais desgastante que é a presidência dos Estados Unidos, – de onde praticamente, ninguém saiu impune-.

PHDs em seguridade social foram consultados sobre um parecer de quanto tempo mais poderia ser estimado. Projetar uma expectativa de vida. Eles afirmaram ser temerário, um sério risco se ele ganhar as eleições, for presidente.

Veja você; prazo de validade vencido 72 anos, para o candidato McCain. Essa é a saída para a vitória de Obama.

Então, o candidato Obama é jovem, porém é negro, ganhando será o primeiro negro ocupar o maior cargo dos Estados Unidos, a Presidência.

Agora Uma perguntinha. Se eleito for, qual será o seu prazo de validade? Será o tempo biológico, ou do disparo de um fuzil?

-Preciso retornar dessa viagem, ao meu tempo, dormir.

-Mais, muito mais, eternamente-.     

   

Publicado setembro 7, 2008 por heitordacosta em Notícias e política

Cabeças Pensantes atentem e vigiem -Não Pode-.   Leave a comment

 

 
 
                                              
 
 
        Cabeças Pensantes atentem e vigiem
     
                                                   Não Pode
 
 
   STF rebate Correa e critica PF por uso indiscriminado de algemas e exposição de presos

ANDRÉ ZAHAR
colaboração para a Folha Online, no Rio

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Gilmar Mendes, rebateu hoje o diretor-geral da Polícia Federal, Luiz Fernando Correa, por criticar a restrição ao uso de algemas nas operações policiais. Correa disse que a decisão do STF de editar uma súmula limitando o uso de algemas era uma decisão "sem precedentes".

"Não é uma decisão sem precedentes", disse Mendes após participar do lançamento do mutirão de execuções penais, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
Sem mencionar diretamente a PF, Mendes criticou operações da instituição. "O que é sem precedentes é o uso indiscriminado de algemas e a exposição sistemática de presos."

Ele minimizou ainda as críticas à súmula vinculante do STF sobre algemas. "É normal que haja críticas às decisões do Tribunal. O importante é que haja o debate, mas a decisão seja cumprida."

Tarso

Mendes sinalizou que a proposta do ministro Tarso Genro (Justiça) de fazer com que os mandados de prisão já venham com orientação sobre o uso de algemas pode ser analisado.

"Em alguns casos, o juiz poderá determinar e haverá a possibilidade de avaliação, por parte do STF, do cumprimento ou não da decisão", disse o presidente do STF.

Para evitar desobediência à súmula e interpretações indevidas, Tarso propôs que juízes definam nos mandados a utilização das algemas. "Não se pode excluir a possibilidade de que essa ordem judicial já venha com a determinação do juiz, segundo análise sobre a periculosidade daquela pessoa", afirmou o ministro.

Congresso

Mendes disse que a votação do projeto do senador Demóstenes Torres (DEM-GO), na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado, sobre o uso de algemas não altera a aplicação da súmula do STF.

"O projeto no Congresso não afasta decisão do Supremo, que foi tomada de acordo com a legislação e com precedentes existentes", afirmou Mendes.  a integridade física própria

 -Quando poderá usar as algemas: <Em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou d terceiros> POR ESCRITO,,

 

-Justificativa: <O USO DEVE SER JUTIFICADO POR ESCRITO, "a priori" (por despacho do juiz ao ordenar a prisão) ou "a posteriori" (pelo policial, no boletim de ocorrência).

 

 -Punição: <O agente policial está passivel de responsabilidade disciplinar civil e penal.

 O decreto da prisão e o ato processual a que se refere também poderão ser anulados.

 

-Pois é; agora já não estou perto do mar, por isso não posso mergulhar. Espero que o doutor Cerqueira também não esteja.

– Mais, muito mais, eternamente-.

 

 

Publicado agosto 20, 2008 por heitordacosta em Notícias e política

Cabeças Pensantes atentem e vigiem -A PROPOSTA-   Leave a comment

     
 
 
      Foto-Heitor          Cabeças Pensantes atentem e vigiem
 
 
                                                   A Proposta
 
 
 
 
             A ocupação da Amazônia

Andressa Fernandes, do Projeto Brasil

Com uma superfície de 7 milhões de quilômetros quadrados, a floresta Amazônica equivale a um terço das reservas de florestas tropicais úmidas do planeta. Além disso, possui maior banco genético do planeta e abriga um quinto da disponibilidade mundial de água doce.

Em entrevista ao Projeto Brasil, Berta Becker, professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) afirma que a Amazônia mudou, não é mais aquela que estava em fase de ocupação durante o regime militar. “A população quer se desenvolver, tem demandas de consumo, de escola, de lazer”, diz.

Segundo a professora, é preciso pensar em novos modelos de proteção à floresta, que permitam à população a possibilidade de trabalho e geração de renda. Becker propõe uma revolução científica e tecnológica para a Amazônia, a fim de colaborar com a integração continental e atender as demandas da população.

Projeto Brasil: Como seria uma ocupação inteligente da Amazônia? Qual é o maior entrave para o desenvolvimento da região?

Berta Becker: Na verdade, não é mais uma questão de ocupação, porque a Amazônia já foi ocupada há muito tempo. Durante as décadas de 70 e 80, houve um projeto de ocupação. A região já tem 20 milhões de habitantes, sendo que 70% deles moram em núcleos urbanos. Eu já chamo a Amazônia de “floresta urbanizada”. Hoje, há demandas importantes, porque as pessoas têm mais acesso à informação, se organizaram movimentos sociais. Por isso, não devemos mais falar de ocupação da Amazônia. Segundo ponto, eu não acho que seja um povoamento inteligente. Porque durante um tempo, no período militar, com a política da integração nacional, houve toda uma indução da ocupação. Mas desde 1985, não houve mais uma política tão forte assim de povoamento. Pelo contrário. A política que dominou a década de 90 e que ainda existe hoje foi a de conservação ambiental através das áreas protegidas (unidades de conservação e terras indígenas). Essas áreas já constituem hoje 36% de todo território da Amazônia. Fazer essa demarcação de áreas protegidas foi importante e inteligente, para evitar justamente o povoamento espontâneo que vinha se processando e que continua avançando pelas florestas. Essa política, dominante na década de 90, foi muito importante para barrar o movimento espontâneo da fronteira móvel, demográfico e econômico. Só que essa estratégia não é mais suficiente e não está mais dando resultado por duas razões:

Primeiro, não está conseguindo mais barrar a expansão da fronteira móvel induzida pela exploração da madeira, pela expansão das pastagens e da soja

Segundo, não está atendendo a grande demanda da população amazônica, que hoje não é mais a mesma. As pessoas querem se desenvolver. Possuem demandas de consumo, de escola, de lazer, de produção. Trabalho e renda, principalmente isso. E se fizer só área protegida, não há geração de emprego e renda.

É necessário todo um planejamento intensivo para desenvolver a produção nas áreas florestais — sejam protegidas de uso direto, sejam outras áreas florestais que não são protegidas. É preciso conceber novas formas de produção, que permitam gerar trabalho e renda.

Projeto Brasil: Qual é o maior empecilho para a implantação desse modelo?

Berta Becker: Eu tenho proposto uma revolução científica e tecnológica para a Amazônia, porque o Brasil já fez várias revoluções tecnológicas: a exploração do petróleo em águas profundas, a transformação da cana em combustível, a transformação do cerrado em área produtiva de grãos. Agora está na hora de fazer uma para os ecossistemas amazônicos, ainda mais porque nós temos que pensar hoje na Amazônia sul-americana toda, pois há toda uma iniciativa de integração continental amazônica.

Projeto Brasil: Qual a sua avaliação sobre Lei de Florestas Públicas?

Berta Becker: Eu acho que essa lei teve uma boa intenção, exatamente nesse sentido de gerar produção e riqueza. Acontece que ela esbarra em um problema tremendo, que é a impossibilidade, a dificuldade enorme que nós temos aqui de fazer cumprir a lei. Então as leis são muito boas, mas ninguém as cumpre.

Projeto Brasil: Há muitos controles regionais na Amazônia, de empresas que exploram a região?

Berta Becker: Até que existem poucos, pelo menos levando em consideração aqueles dos quais a gente sabe, porque tudo é feito muito subterraneamente. Eu acho que além da revolução cientifica e tecnológica, é preciso uma vontade política muito forte no sentido de estabelecer as regras do jogo. Elas têm que ser claras e obedecidas Isso é fundamental. É necessário que haja investimento em ciência e tecnologia e também no quadro institucional, mudando-o, pois há coisas muito obsoletas. É preciso fortalecer as instituições, porque elas é que podem estabelecer as regras e fazer com que elas sejam cumpridas.

Projeto Brasil: Quais são os riscos da internacionalização da Amazônia?

Berta Becker: Sobre isso a gente pode falar “Yo no creo en bruxas, pero que las hay…”, é um ditado espanhol, significa: “Não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem”. Sem dúvida há interesses internacionais. Mesmo que a gente não queira entrar na paranóia, esses interesses existem no controle de território, da biodiversidade e particularmente agora no controle da água, o chamado “ouro azul do século XXI”. Eles já têm projetos para conhecimento e gestão da água, eles já estão agindo. Além disso, há uma iniciativa de integração sul-americana que está muito forte, fazendo estradas bio-oceânicas, corredores. É preciso tomar cuidado com isso porque tem o risco de provocar mais desmatamento.

Projeto Brasil: Como o Brasil poderia proteger a Amazônia dessas abordagens internacionais mais ofensivas?

Berta Becker: Existe esse interesse internacional de vários tipos. Há alguns legítimos pela conservação da vida, porque a Amazônia é depositária da vida. Mas existem também interesses geopolíticos e econômicos pelos recursos. É preciso que haja um debate público para definir essas regras do jogo das quais eu estou falando. E tem que contar sempre com a participação da sociedade regional e local, que hoje em dia já tem se organizado. Essa participação no planejamento tem que ser fortalecida, levando em conta inclusive a escala da produção, porque esses pequenos assentamentos, como os do INCRA, não têm condições de fazer a população sobreviver. As pessoas ficam espalhadas no meio da mata, sem estrada, sem mercado. É preciso levar em conta a sociedade porque ela tem coisas a informar e a ensinar até mesmo às populações tradicionais. Mas para isso tem que fazer planejamento integrado, talvez num nível de meso-regiões na Amazônia, e então envolver também a empresa nacional, que não pode mais fazer apenas investimentos para o seu benefício. Hoje em dia, no século XXI, as empresas que ficarem apenas nesse esquema perdem terreno, porque as grandes empresas já sabem que devem participar do social, ao menos para fortalecer a própria imagem.

Projeto Brasil: Isso então já seria um uso inteligente desse potencial da Amazônia?

Berta Becker: Eu acho que sim. E quanto à geopolítica, embora exista toda essa pressão externa, uma das coisas mais graves no sentido de manter a soberania na região é a pobreza e a falta de desenvolvimento. A soberania tem uma face externa, das pressões das relações internacionais, e tem uma face interna, que depende do bem-estar da população. E essa população tem que ser integrada à nação, tem que ter condições dignas de vida, com educação, saúde, emprego e renda, ou trabalho e renda. Se conseguir se fortalecer, essa população vai ser muito benéfica para manter a soberania. Mas se não tiver condições, ficará disponível às influências externas.

Projeto Brasil: A população então já seria uma proteção?

Berta Becker: Exatamente. Sem essas condições a população torna-se uma presa fácil de múltiplas influências externas que fragmentam a sociedade regional — e isso não é bom para a soberania.

Projeto Brasil: O avanço dos biocombustíveis pode ameaçar a floresta?

Berta Becker: A bioenergia é uma grande janela de oportunidade para o Brasil e para a Amazônia, porque a floresta tem múltiplas plantas que podem ser utilizadas para fornecer energia. Acontece que, como em todas as coisas, isso tem que ser planejado. É preciso saber o que plantar ou extrair, como fazer isso (a questão da técnica e da tecnologia é fundamental). Não pode ser feito em qualquer lugar porque pode destruir a floresta. Aqui entra de novo a questão do planejamento integrado.

Projeto Brasil: E isso poderia fortalecer uma agricultura familiar?

Berta Becker: Poderia. Para os agricultores familiares, é preciso acabar com esses assentamentos que não conseguem fazer a população sobreviver. Eu tenho chamado de “fazenda solidária” uma alternativa para isso: junta-se uma série de produtores familiares em algumas áreas, uns 50 ou 100, e se forma um bloco de área protegida, um bloco de área produtiva, em vez de 20 hectares para cada um. Se você tiver 50 ou 100 colonos, vai ter muito mais hectares para plantar.

Projeto Brasil: Porque senão seriam feitas explorações desordenadas, não é?

Berta Becker: Desordenadas e mínimas, as propriedades não têm condição de sobreviver. E desse outro modo pode-se diversificar a produção,gera bioenergia, produzir alimentos. Enfim, é um outro modelo. Se o país fizer uma dúzia dessas fazendas em lugares estratégicos, com acesso a estrada e a mercado, ele poderá mais facilmente conter a expansão do gado e da soja, que também são importantes para a economia nacional, mas que devem ficar no seu devido lugar. Não é preciso destruir floresta. 

  –A senhora Berta Berker é carioca, professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

 
 –Mais, muito mais, eternamente-.
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicado maio 27, 2008 por heitordacosta em Notícias e política

Cabeças Penesantes atentem e vigiem -AMAZÕNIA –   Leave a comment

Foto-Heitor            Cabeças Pensantes atentem e vigiem
 
                                                A AMAZÕNIA
 
 
 
 
                                                          8250_lilajornalpb
 
 
 
               

Na Amazônia Brasileira

 

No contexto amazônico, as associações indígenas vêm se constituindo como atores centrais no desenvolvimento sustentável da região. O antropólogo Bruce Albert, pesquisador do Convênio ISA-CNPq-IRD, aborda o assunto.

:: Entre a nova Constituição e o "mercado de projetos"
:: Da etnicidade política à etnicidade de resultados?
:: Demarcação das terras e gestão dos recursos naturais
:: Terras Indígenas e desenvolvimento sustentável
:: Associações indígenas e desenvolvimento sustentável

Entre a nova Constituição e o “mercado de projetos”

Constata-se na Amazônia, a partir do fim dos anos 1980, um processo extremamente dinâmico de criação e de registro de associações indígenas na forma de OSC (“organizações da sociedade civil”). Para se ter uma idéia da escala do fenômeno, basta dizer que existiam apenas dez destas associações antes de 1988 (Alto e Médio Solimões, Manaus, Alto Rio Negro, Roraima) e que no final de 2000 já eram mais de 180 associações nos seis estados da Região Norte: AM, RO, RR, AC, PA, AP (provavelmente mais de 300 na Amazônia Legal); ou seja, foram quase multiplicadas por 20 em pouco mais de uma década (ver Quadro das organizações). (1)

Essas associações têm características diversas. A maioria é local (grupo de comunidades, bacia de um rio), representantes de um povo ou regionais. Várias são constituídas com referência a atividades profissionais ou econômicas (professores, agentes de saúde, produtores, cooperativas). Existe também uma importante rede de associações de mulheres, bem como diversas associações de estudantes indígenas. Embora ainda poucas tenham infra-estrutura própria, a grande maioria delas estão registradas em cartório ou estão em processo de legalização, desempenhando regularmente funções políticas de articulação interna e de representação interétnica.

Uma parte considerável e crescente dessas organizações indígenas tem hoje acesso a fontes de recursos externos sob a forma de “projetos” de desenvolvimento local destinados a diversos fins: gestão territorial, manutenção institucional, organização de assembléias e encontros, programas de saúde e de educação, iniciativas relativas à auto-sustentação e comercialização, divulgação e reafirmação cultural etc. Neste contexto, hoje é cada vez mais difícil distingüir entre associações “com” ou “sem projetos”; a diferença passa a ser entre associações que têm acesso a fontes de financiamento diversificadas, amplas e regulares (associações regionais, geralmente urbanas) e associações que contam apenas com alguns financiamentos reduzidos e pontuais (associações locais, rurais).

*

O processo de multiplicação das associações indígenas na Amazônia tem sua origem na encruzilhada de vários processos sóciopolíticos gerais, interagindo em âmbito nacional e internacional. No plano interno, deve-se salientar, primeiro, a promulgação da Constituição de 1988, cujo artigo 232 abriu a possibilidade destas associações se constituírem como pessoas jurídicas. O segundo fator importante, no âmbito nacional, foi o processo de retração do Estado da gestão direta da “questão indígena” no país (restringindo-se, basicamente, a responsabilidades em matéria territorial) (2) e o esvaziamento político-orçamentário da administração indigenista tutelar, criada há três décadas pelo regime militar, no quadro de suas políticas de desenvolvimento da Amazônia.

No plano externo, o primeiro fator foi certamente a globalização das questões relativas ao meio ambiente e aos direitos das minorias ao longo dos anos 1970 e 1980, bem como a crescente colaboração entre ONGs ambientais e sociais em favor de projetos que integrassem objetivos de conservação e preocupação pelo desenvolvimento comunitário – fenômenos que tiveram seu ritual de consagração na ECO 92 no Rio de Janeiro. Em segundo lugar, foi também decisiva a descentralização da cooperação internacional, hoje igualmente reorientada para interlocutores da sociedade civil organizada, para o desenvolvimento sustentável e o incentivo à implementação de micro-projetos locais.

O recente boom das associações indígenas tem, portanto, como condições fundamentais de possibilidade, por um lado, o quadro jurídico progressista da nova Constituição e, do outro, o “mercado de projetos ” aberto pela cooperação bi e multilateral e pelas ONGs internacionais, seguidas pelos crescentes investimentos públicos nacionais no setor das OSC (Ministérios do Meio Ambiente, da Saúde e da Educação).

Da etnicidade política à etnicidade de resultados?

Esta combinação de tendências e dinâmicas produziu não somente um crescimento acelerado do número de associações indígenas na Amazônia, mas também uma considerável mutação qualitativa do papel do “movimento indígena” no debate/embate político a propósito do modelo de desenvolvimento da região.

De fato, as primeiras e poucas organizações indígenas criadas nos anos 1980 eram associações informais, politicamente ativas, porém pouco institucionalizadas e voltadas, essencialmente, para reivindicações territoriais e assistenciais dirigidas a um Estado tutor, considerado falho nas suas responsabilidades legais e sociais.

A partir dos anos 1990, temos na Amazônia associações legalizadas, com estatuto, CGC e conta bancária, assumindo cada vez mais funções que o Estado deixou de desempenhar diretamente, remetendo em grande parte sua execução ou seu financiamento, por um lado, à esfera local pública ou não-governamental (municípios, estados) – em matéria de educação ou de saúde (3) – e, por outro, à rede globalizada das agências de cooperação bi e multilateral e das ONGs internacionais (no domínio dos projetos de delimitação territorial, de auto-sustentação econômica ou de proteção ambiental). (4)

Passamos, assim, de um movimento conflitivo de organizações e mobilizações etnopolíticas informais (anos 1970 e 1980), que tinha por interlocutor o Estado, para a institucionalização de uma constelação de organizações onde as funções de serviço, econômico e social, são cada vez mais importantes e cujos interlocutores pertencem à rede das agências financiadoras nacionais e internacionais, quer sejam governamentais ou não-governamentais (anos 1990-2000).

Paralelamente, mudamos de uma dinâmica de construção identitária sustentada por um conjunto de lideranças indígenas carismáticas (com discursos político-simbólicos neo-tradicionais de muito impacto na mídia), para uma fase de certa rotinização do discurso étnico (nos moldes da retórica internacional do desenvolvimento “etno-sustentável” herdada das agências financiadoras), apoiada em um novo conjunto de jovens quadros de organizações indígenas formados cada vez mais em administração de associações e gestão de projetos.

Passamos progressivamente, portanto, na virada dos anos 1980/90, de uma forma de etnicidade estritamente política, embasada em reivindicações territoriais e legalistas (aplicação do Estatuto do Índio), para o que se poderia chamar uma etnicidade de resultados, na qual a afirmação identitária se tornou pano de fundo para a busca de acesso ao mercado e, sobretudo, ao “mercado dos projetos”, internacional e nacional, aberto pelas novas políticas descentralizadas de desenvolvimento (local/sustentável).

Assim, neste contexto de retração progressiva do Estado da cena indigenista, além de suas funções tradicionais de articulação e representação política (cuja intensidade tende a diminuir com a resolução das pendências territoriais), estas organizações desempenham hoje, e cada vez mais, funções assistenciais, gerenciando projetos de demarcação e vigilância territorial, projetos sanitários, educativos, culturais e sociais (como a gestão de aposentados indígenas da APITU no Amapá), bem como diversos tipos de projetos econômicos e comerciais (projetos agro-florestais e agro-pecuários; projetos de piscicultura, artesanato, produtos florestais, etc.).

Praticando uma sutil dialética entre ação de protesto (na defesa genérica ou específica dos direitos indígenas) e a busca de participação, estas associações são hoje crescentemente reconhecidas como atores do desenvolvimento socioambiental regional nos fóruns oficiais onde negociam diretamente e em função de suas próprias estratégias, tanto com administrações públicas, quanto com agências de cooperação, ONGs ou empresas (negociadoras de produtos “verdes” ou provedoras de indenizações).

Em função dessa legitimação crescente, as associações indígenas desenvolvem seus projetos a partir de um conjunto bastante diversificado de financiamentos nacionais e internacionais. Do lado dos financiamentos internacionais, há-se os fundos de cooperação multilateral (Banco Mundial, Comunidade Européia) (5) e de cooperação bilateral (onde predominam os países norte-europeus), os fundos de várias ONGs leigas ou ligadas a redes de financiadoras religiosas (ONGs que freqüentemente também intermediam financiamentos de cooperação). Em certos casos, os financiamentos também podem vir através de projetos apoiados por empresas “tradicionais” interessadas em produtos com alto valor etno-ecológico agregado – como a BodyShop (Inglaterra), a Aveda (Estados Unidos) ou a Hermès (França) – , ou mesmo ser substituídos por parcerias comerciais privilegiadas com empresas “militantes” do circuito do “comércio eqüitável” – como as empresas importadoras do Guaraná Satéré-Mawé na Europa: Guayapi Tropical na França, Cooperativa Terzo Mondo na Itália.

Do lado nacional, têm-se fundos oriundos de convênios firmados com diversas administrações municipais, estaduais ou federais no campo de educação, saúde e meio ambiente ou, algumas vezes, de indenizações de grandes empresas estatais ou ex-estatais, como a Vale do Rio Doce ou a Eletronorte. Existem, por fim, alguns financiamentos disponibilizados por ONGs nacionais, ainda que muitas vezes também sejam advindos de ONGs ou agências de cooperação internacionais e apenas repassados para organizações indígenas.

Demarcação das terras e gestão dos recursos naturais

A evolução do processo de territorialização dos grupos indígenas, iniciado no contexto dos grandes projetos públicos de desenvolvimento da Amazônia dos governos militares (a partir do quadro jurídico-administrativo do Estatuto do Índio de 1973), pode ser igualmente considerado um fator determinante na mutação recente dos parâmetros da questão indígena na região.

A fase mais intensa de reafirmação identitária e de mobilização etnopolítica do movimento indígena – a sua fase de “movimento social ” propriamente dito – deu-se durante o intenso e sofrido processo de “diálogo conflitivo” com o Estado para a demarcação das terras indígenas ao longo das décadas de 1970 e 1980.

Depois de quase três decênios, esta dinâmica, se não concluída, tem ao menos, e pela primeira vez, um horizonte de conclusão. Os 160 povos indígenas da Amazônia dispõem hoje de um conjunto de 377 terras reservadas, sendo que 76% destas áreas gozam de reconhecimento legal em diversos graus (terras delimitadas, homologadas ou registradas). A regularização das últimas terras indígenas da região avança a passos rápidos, ainda que falte resolver vários casos importantes (como o da Terra Raposa Serra do Sol em Roraima) e que a maioria das terras indígenas ainda sofram alguma forma de invasão. Entretanto, para ter uma idéia do ritmo desta territorialização indígena, é preciso lembrar que, de janeiro de 1990 a junho de 2000, foram homologadas no país 268 terras indígenas, cobrindo uma área de 728.026,56 km²(ver dados atuais).

Nessa última fase do processo de territorialização, começado na década de 1970, o movimento indígena situa-se num horizonte de atuação onde o principal referencial de reivindicação que o opunha ao Estado, e a partir do qual ele se construía politicamente, está se esvaziando. Mas, se este confronto fundador com o Estado sobre a questão territorial tende a se dissolver com a diminuição das áreas em litígio, ele também se reduz em importância em função do próprio desengajamento do Estado com relação à questão indígena, na qual parece limitar-se hoje a um papel de arbitragem indeciso ou oportunista entre mobilizações não governamentais e interesses político-econômicos locais.

De fato, tanto por desinteresse político (prioridades macro-econômicas), quanto por vácuo conceitual (ausência de reforma de uma administração indigenista obsoleta) (6), o Estado parece ter desistido do planejamento de uma política indigenista de intervenção direta. Limita em grande parte sua intervenção ao prosseguimento da legalização e desintrusão das terras da União consideradas de uso exclusivo das populações indígenas. (7) Por outro lado, ele transfere o essencial da responsabilidade dos serviços públicos direcionados às populações indígenas, seja para a esfera local por via de descentralização (educação e saúde indígena estadualiadas e municipalizadas), seja para a esfera global por via de terceirização (responsabilidade do apoio econômico às comunidades indígenas em grande parte transferido para a cooperação internacional).

Neste contexto de “pós-territorialidade” e de retração do Estado, as sociedades indígenas estão hoje expostas, além da problemática tradicional da proteção territorial e da conquista da cidadania, a novos desafios, que consistem na manutenção de complexas redes sócio-políticas externas, a fim de garantir acesso a fontes de financiamentos de programas sociais, sanitários e educativos adaptados à sua realidade cultural e, sobretudo, na viabilização, com o apoio dos mesmos canais, de um modelo de gestão econômico-ambiental dos recursos naturais de suas terras.

Para enfrentar estes novos desafios, elas têm hoje, como principais interlocutores, não mais um Estado tutelar e clientelista onipotente, mas uma rede diversificada de administrações públicas e agências financiadoras com as quais devem negociar um leque de multi-parcerias, a fim de garantir a continuidade de sua reprodução social e cultural em um novo contexto de interligação permanente entre os níveis regional, nacional e internacional.

Terras indígenas e desenvolvimento sustentável

Estudos concretos já demonstraram a importância das áreas indígenas para a preservação da cobertura florestal amazônica. Fotos de satélites do INPE (Instituto de Pesquisas Espaciais) revelam, assim, o Parque do Xingu (Mato Grosso) como um bloco de floresta ilhado pelo desmatamento intensivo. (8) Entretanto, permanece uma certa reticência, entre ambientalistas adeptos da preservação integral (oficiais ou não governamentais), contra a visão das terras indígenas da Amazônia enquanto possíveis áreas de preservação ambiental e de uso sustentável da floresta. Três contra-argumentos são geralmente opostos a esta idéia; contra-argumentos, provavelmente, baseados num certo desconhecimento da realidade social e ambiental das terras indígenas.

O primeiro contra-argumento observa que a maioria das terras indígenas já sofre várias formas de invasão – por garimpeiros, madeireiros, fazendeiros, colonos etc. – e que estas invasões, certamente, vão se intensificar em função do desenvolvimento das atividades econômicas e dos fluxos migratórios nas regiões onde se encontram as maiores áreas florestais ainda pouco afetadas. Esta pressão sobre as terras indígenas e sua previsível acentuação desqualificaria, assim, o aspecto da sua dimensão de preservação ambiental.

Entretanto, esta situação de ameaça ecológica não é em nada específica às terras indígenas. Poucas unidades de conservação na Amazônia são efetivamente implantadas e fiscalizadas (tem-se apenas um funcionário do IBAMA para cada 2.000 km² em áreas protegidas da região). (9) Muitas são invadidas e têm seus recursos naturais explorados de maneira indiscriminada. Além disso, estima-se que aproximadamente 50% das unidades de uso indireto têm populações residentes (como no caso do Parque do Pico da Neblina, terra dos índios Yanomami, o Parque do Jaú com ribeirinhos e o Parque da Serra do Divisor com seringueiros).

Entretanto, a nova lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei n° 2.892-Art.42) só admite como solução para a presença de “populações tradicionais” nestas “Unidade de Proteção Integral” a sua remoção e reassentamento (a não ser em caso de superposição com áreas indígenas – Art. 57). Esta “solução”, um tanto rígida, do esvaziamento das unidades de uso indireto de suas populações tradicionais, em detrimento de soluções mais pragmáticas (contratos de uso, reclassificação), parece, ao contrário de seus objetivos, enfraquecer as possibilidades reais de preservar as áreas em apreço, enquanto as experiências da última década na Amazônia tendem a demonstrar que não se tem política de conservação realista sem envolvimento sócio-político e econômico das populações locais organizadas. (10)

Deste modo, pode-se considerar que as unidades de conservação de uso indireto da Amazônia não somente sofrem as mesmas ameaças que as terras indígenas, mas têm ainda o agravante de não admitir a presença de populações cuja sobrevivência depende da sustentabilidade de seu uso e que sejam, assim, capazes de mobilização social para defender seus limites e sua integridade ambiental. A ideologia intransigente da preservação integral parece aqui reforçar a vulnerabilidade destas áreas em nome do horizonte duplamente utópico da manutenção de ilhas de “vazio humano” na Amazônia; utópica em função tanto das realidades geográfico-sociais da região, quanto da falta de recursos do órgão responsável pelas áreas protegidas.

O segundo contra-argumento – o mais freqüente – é que os índios, em função de suas novas aspirações sociais e econômicas numa situação de contato crescente, podem desenvolver – e em certos casos já estariam desenvolvendo – atividades econômicas destrutivas para o meio ambiente. A isso pode-se opor uma série de objeções.

A primeira é que, se todos os povos indígenas mantêm algum tipo de relação econômica com o mercado, na imensa maioria dos casos, estas relações permanecem num espectro de baixo impacto ambiental, na forma de trocas/trabalhos esporádicos, de sistema tradicional de aviamento, ou de projetos comunitários mediados por instituições assistenciais (Funai, missões, ONGs). (11) São bastante raras na Amazônia as situações em que as comunidades indígenas dependem essencialmente do mercado para seu consumo e sobrevivência básicos, como é o caso de certas aldeias Tikuna, confinadas em áreas indígenas reduzidas e densamente povoadas, com escassos recursos naturais (ainda submetidos à predação de invasores), e localizadas na periferia de centros urbanos do alto Solimões (caso também dos Munduruku das áreas Praia do Mangue e Praia do Índio, na periferia de Itaituba no Pará).

São igualmente minoritários entre os 160 povos indígenas da Amazônia – apesar de serem regularmente destacados pela mídia – os casos de grupos associados a atividades predatórias desenvolvidas em suas terras por agentes econômicos das fronteiras regionais, como garimpeiros e madeireiros. (12) Além disso, estas situações, longe de configurarem sistemas econômicos coletivos, envolvem em geral apenas alguns indivíduos (lideranças e suas famílias), como é o caso da venda de madeira entre os Cinta Larga (Rondônia e Mato Grosso) ou entre os Kayapó (Pará); venda de madeira, aliás, seletiva e que não envolve exploração em grande escala ou, ainda menos, um desmatamento sistemático.

Assim, a escala local destas atividades é totalmente incomparável com a magnitude dos empreendimentos econômicos “brancos” na Amazônia, e seu impacto ambiental permanece relativamente marginal em função da densidade populacional das terras indígenas em apreço, que geralmente é extremamente baixa (0,02 hab./km² para os Cinta Larga do Aripuanã, 0,09 hab./km² para os a Terra Indígena Kayapó). Além do mais, estas atividades predadoras de segmentos de algumas sociedades indígenas podem ser geralmente revertidas quando são oferecidas e apoiadas alternativas aos modelos econômicos herdados da fronteira regional. Pode-se dar aqui alguns exemplos, como o projeto de manejo sustentável de madeira elaborado pelo ISA com os Kayapó-Xikrin (Pará) ou do projeto de garimpo de baixo impacto ambiental do CTI com os Waiãpi (Amapá) ou, ainda, os projetos de criação de gado leiteiro, desenvolvidos pela ONG italiana MANITESE com os Tembé e Assurini (Pará).

O terceiro contra-argumento avesso a uma visão das terras indígenas da Amazônia enquanto áreas de preservação ambiental, apresenta-se, enfim, sob a forma de uma posição segundo a qual o processo de intensificação do contato sustentaria, a longo prazo, uma migração dos povos indígenas (ou de parte substancial deles) para as cidades regionais ou capitais da Amazônia, acarretando o abandono progressivo das áreas indígenas e formas de exploração não indígenas. Nesse aspecto, os índios seguiriam uma tendência geral na região amazônica onde o grau de urbanização era em 1996 de 61%, contra 45% em 1980. (13)

A presença indígena nas cidades da Amazônia é relativamente importante e inegável. Apesar do fato de que sua flutuação torna qualquer recenseamento bastante precário, esta presença foi estimada em 20.075 pessoas no seis estados do Norte Amazônico (14) no censo do IBGE de 1991, ou seja, 10,8 % da população indígena total da região. Este fenômeno de deslocamento para os centros urbanos tem por origem vários fatores, incluindo conflitos e padrões de mobilidade tradicionais, e não somente a busca espontânea de mobilidade social (emprego, educação) e/ou a indução por agentes de contato (missionários, indigenistas, agentes econômicos regionais) (15).

Entretanto, o argumento de um futuro esvaziamento das terras indígenas por emigração remete a um modelo sociológico tão inadequado quanto obsoleto. Baseado numa oposição caricata entre índios “aldeados” e “desaldeados” e na idéia redutora da passagem de mão única de um estado social (rural/tradicional) a outro (citadino/deculturado), este modelo só inverte, de fato, a visão colonial-evolucionista tradicional segundo a qual ir da floresta a cidade era percorrer o caminho do primitivo ao civilizado.

A atual realidade sociológica e cultural dos povos indígenas tem, obviamente, pouco a ver com esta ideologia “retro-evolucionista” e seu dualismo campo/cidade. De fato, longe disso, assistimos hoje, em várias regiões, a um certo remanejamento dos coletivos indígenas na forma de espaços sociais transversais – verdadeiras “comunidades multilocais” (16) em escala regional – que articulam redes de parentesco e fluxos de bens e pessoas entre vários pólos situados na floresta e na(s) cidade(s). Assim, esta expansão translocal dos campos sociais indígenas e suas dinâmicas de mobilidade interna entre aldeias e cidades não podem ser confundidas, sob pena de se incorrer em cegueira conceitual, com um processo de migração das aldeias para as cidades.

Associações indígenas e desenvolvimento sustentável

No debate sobre as potencialidades das terras indígenas como áreas de preservação ambiental e de desenvolvimento sustentável, deve-se, portanto, evitar tanto o estereótipo dos índios ecologistas (“autênticos”), quanto a caricatura inversa dos índios predadores (“aculturados”), baseada na idéia redutora de que o simples acesso das sociedades indígenas ao mercado fatalmente transforma seus membros em agentes de destruição do meio natural.

As formas de mudança no uso dos recursos naturais pelas sociedades indígenas depende, na realidade, do leque de opções sócio-econômicas e políticas oferecidas para sua articulação com a chamada “sociedade envolvente” (nas suas vertentes regionais, nacionais e internacionais). Assim, a “sociedade envolvente” já não se limita mais, para os índios, à dimensão local de interação com os protagonistas tradicionais da frente de expansão regional (garimpeiros, colonos, madeireiros, fazendeiros etc.). O universo de articulação das sociedades indígenas com o “mundo dos brancos ” tem-se complexificado consideravelmente ao longo das três últimas décadas.

Durante os anos de 1970-1980, as sociedades indígenas começaram a conquistar um espaço no cenário político nacional contemporâneo. Nos anos 1990, elas viram este espaço se expandir em escala mundial e se desdobrar em um leque de novas potencialidades sócio-econômicas. Os índios da Amazônia não têm mais como único referencial econômico pós-contato o modelo predatório da fronteira local ou o modelo agrícola neo-colonial do indigenismo tutelar (os “Projetos de Desenvolvimento Comunitário” da Funai) (17). O processo de descentralização e a interligação crescente do local ao global, fora da mediação do Estado, põem hoje ao seu alcance um universo complexo de fontes de financiamento, recursos técnicos e canais de decisão, desde o município até o Banco Mundial.

Este conjunto potencial de parcerias constitui o quadro sócio-político no qual se desenvolveram e no qual operam as mais de 240 associações indígenas da Amazônia para articular seus projetos de desenvolvimento social e econômico. É, portanto, a partir da intermediação que estas associações garantem entre suas populações de referência e o universo das parcerias disponíveis que serão definidas as condições sociais e políticas de possibilidade para a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável das terras indígenas da Amazônia. Quatro parâmetros políticos e sociais fundamentais, externos e internos, muito provavelmente, condicionarão o sucesso desta dinâmica.

O primeiro desses parâmetros será a possível capacidade destas organizações de continuar a mobilizar as redes de apoio e a mídia nacional e, sobretudo, internacional, ao redor de temáticas etno-ambientais que permitem manter um nível suficiente de pressão sobre o Governo federal para induzi-lo a manter as conquistas territoriais do movimento indígena destes últimos 25 anos contra interesses econômicos locais e fluxos migratórios regionais crescentes.

O segundo parâmetro, associado ao anterior, residirá na eficiência política das associações para incentivar a elaboração de políticas públicas e não governamentais em escala apropriada, destinadas a investir no conhecimento da biodiversidade e na gestão econômica sustentável das suas terras, envolvendo estreitamente seus habitantes e tomando em conta seus projetos sociais específicos.

O terceiro parâmetro, desta vez interno, remete à possibilidade das associações indígenas traduzirem esta expressividade político-institucional em autonomia econômica para as populações que se encarregam de representar. O desafio está em satisfazer as novas expectativas materiais e sociais das suas comunidades de referência, envolvendo seus membros em projetos locais de exploração dos recursos naturais que sejam, ao mesmo tempo, não predatórios e capazes de promover uma certa auto-sustentação econômica das áreas indígenas. Nesse contexto, não deverá se negligenciar o lugar da diversificação complementar das atividades e recursos econômicos extra-locais (ver acima nossa observação sobre o novo espaço translocal das comunidades indígenas), também suscetível de aliviar o peso dos recursos naturais da floresta na formação da renda das comunidades e, portanto, de contribuir para a preservação ambiental de suas áreas. (18)

O último, porém não menos importante desses fatores, diz respeito à determinação e à lucidez política que serão necessárias às diretorias das associações indígenas para contornar as novas formas de subordinação e de clientelização no gerenciamento dos novos projetos socioambientais, não somente no contexto das relações que lhes são impostas pelas agências de financiamento (ou de comercialização), mas, igualmente, no contexto das relações que elas mesmas constroem com os demais membros das suas sociedades. A esse desafio acrescenta-se a complexa tarefa de administrar as formas de diferenciação social e cultural surgidas no processo de transformação sócio-econômica induzido por estes novos projetos de etnodesenvolvimento. (Bruce Albert, outubro/ 2000).

Notes

(1) Sobre a trajetória deste movimento desde o fim dos anos 1980, ver C. A. Ricardo, 1991: “Quem fala em nome dos Índios ?” in: Povos Indígenas no Brasil 1987/90. São Paulo: ISA. pp. 69-72 e 1996: “Quem fala em nome dos Índios (II) ?” in: Povos Indígenas no Brasil 1991/1995. São Paulo: ISA. pp. 90-94.

(2) Mesmo assim, em 2000, só 2% do orçamento federal para ações indigenistas foram alocados à fiscalização das terras indígenas (Funai) e menos de 1% a iniciativas de gerenciamento e recuperação ambiental (via MMA e Funai). Ver Hélcio Marcelo de Souza, 2000: "Políticas Públicas para povos indígenas: uma análise a partir do orçamento", Nota Técnica INESC n°38 (9/10/2000).

(3) Cerca de 32% do orçamento indigenista federal (via FUNASA-MS) foram alocados em 2000 a 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) articulados ao Sistema Único de Saúde e gerenciados em parceria com organizações indígenas, organizações não-governamentais e, sobretudo, prefeituras municipais. Só 1,4% foram especificamente destinados a educação indígena via Funai e MEC (em parceria com ONGs e Secretarias de educação). (Fonte: Nota Técnica INESC n°38 de 9/10/2000).

(4) As ações públicas em apoio a alternativas econômicas indígenas (via Funai) representam apenas 3,7% do orçamento indigenista federal. (Fonte: idem).

(5) Programas de apoio a iniciativas comunitárias de desenvolvimento local/sustentável com acesso aberto a organizações indígenas como o PAIC (Rondônia) e PADIC (Mato Grosso) do Banco Mundial, e os Projetos Demonstrativos/Tipo A (PD/A), componentes do PPG7 (Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil) financiado principalmente por países da União Européia. No âmbito dos PD/A está atualmente em gestação um programa especializado para comunidades e associações indígenas, o PDPI, Projetos Demonstrativos dos Povos Indígenas.

(6) 43% do orçamento federal para ações públicas foi alocado em 2000 só para gastos com pessoal e manutenção da Funai (Fonte: INESC Nota técnica n. 38, 9/10/2000).

(7) A continuidade da demarcação das terras indígenas vem sendo financiada com expressivo apoio da cooperação internacional através do Projeto de Proteção às Populações e Terras Indígenas na Amazônia Legal (PPTAL).

(8) Ver o artigo de A. Villas-Bôas e M. Campanili, 1999: "Terras indígenas protegem floresta Amazônica", Parabólicas 49.

(9) Ver G. Sales, 1996 : "O sistema nacional de unidades de conservação: o estado atual"no documento “Presença humana em unidades de conservação”. Brasília: IPAM-ISA-PPG7-WWF-CDCMAM/CD.

(10) Ver o exemplo da Reserva de desenvolvimento sustentável de Mamirauá (D. Lima 1997: “Equidade, desenvolvimento sustentável, e preservação da biodiversidade: algumas questões sobre a parceria ecológica na Amazônia”. In: Faces do Trópico Úmido – Conceitos e questões sobre desenvolvimento e meio ambiente. E. Castro e F. Pinton (orgs.). Belém: CEJUP) ou da Reserva Extractivista do Juruá (M. Almeida, 1996: “The management of conservation areas by traditional populations: the case of the upper Juruá extractive reserve”. In: K.H. Redford et al. (orgs), Traditional peoples and biodiversity conservation in large tropical landscapes. América Verde – The Nature Conservacy).

(11) Retomamos aqui a classificação e a discussão de D. Lima e J. Pozzobon, 1999: “Amazônia socioambiental (sustentabilidade ecológica e diversidade social)”, MS.

(12) Estes casos se desenvolveram geralmente a partir de situações de invasão maciça de terras indígenas produzidas por falhas ou cumplicidade do órgão indigenista oficial as quais lideranças indígenas, por falta de alternativa, se adaptaram com uma certa realpolitik econômica.

(13) Dados IBGE.

(14) Dado calculado a partir do trabalho de M. Azevedo, 1997: "Fontes de dados sobre as populações indígenas brasileiras da Amazônia", Cadernos de Estudos Sociais 13 (1):163-178. Recife : Fundação Joaquim Nabuco.

(15) Ver, por exemplo, a pesquisa de G. Brandhuber, 1999: "Why Tukanoans migrates? Some remarks on conflict on the Upper Rio Negro (Brazil)”, Journal de la Société des Américanistes 85: 261-280, ou de P. Ferri, 1990: Achados ou perdidos? A imigração indígena em Boa Vista. Goiânia: MLAL.

(16) Sobre este conceito, ver M. Godelier, 1996: "Anthropologie sociale et histoire locale", Gradhiva 20 :83-94 e, sobretudo, M. Sahlins, 1997: "O ‘pessimismo sentimental’ e a experiência etnográfica: por que a cultura não é um ‘objeto’ em via de extinção (parte II)", Mana 3(2) :103-150.

(17) Ver, por exemplo, C. Junqueira, 1984: "Sociedade e cultura", Ciência e Cultura 36 (8), sobre um projeto proposto pela FUNAI aos Cinta Larga do Posto Serra Morena no início dos anos 1980.

(18) Nesse aspecto, não se tem, necessariamente, uma relação linear entre contato e degradação ambiental nas áreas indígenas (Ver R.Godoy, D. Wikie e J. Franks, 1997, "The effect of markets on neotropical deforestation: a comparative study of four Amerindian societies", Current Anthropology 38 (5): 875-878). Na sua redução da problemática da sustentabilidade ecológica à fixação local das populações indígenas, os projetos de desenvolvimento etno-ambientais tendem, geralmente, a ocultar a contribuição dos fenômenos de mobilidade sócio-espacial e de acesso a recursos monetários de origem extra-locais na renda indígena (aposentadorias rurais, salários retribuindo atividades locais ou não, bem como empreendimentos econômicos urbanos ou de intermediação entre aldeias e cidades). Ver sobre esta questão a contribuição de P. Léna (IRD) ao texto do projeto de pesquisa CNPq-IRD-UFRJ (LAGET): "Globalização, movimento associativo e desenvolvimento local sustentável na Amazônia", Rio de Janeiro, Maio de 2000.

—Mais,muito mais, eternamente-.






































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           

Publicado maio 20, 2008 por heitordacosta em Notícias e política